Cuando el protector se vuelve agresor: La crisis invisible de salud mental en policías y militares

El homicidio de un hijo a manos de su progenitor representa una de las rupturas más dramáticas del orden social y biológico. La reciente tragedia ocurrida en el sector Batey Bienvenido de Manoguayabo, donde una niña de 10 años perdió la vida debido a una herida cortante en el cuello provocada presuntamente por su madre, una agente de la Policía Nacional inhabilitada, reactiva el debate judicial y criminológico sobre los trastornos mentales y la responsabilidad penal en el país.

Este hecho evoca de inmediato el emblemático caso de la médico militar Ana Josefa García Cuello, quien en agosto de 2024 decapitó a su hija de seis años bajo el alegato de haber escuchado un «mandato divino». A este alarmante panorama de violencia intrafamiliar extrema se suma el reciente y estremecedor caso de la sargento de la Fuerza Aérea, Mariely Figuereo Ramírez, quien confesó haber asesinado a su suegra, Rosa Marte, tras sacarla engañada de su residencia en Villa Riva, provincia Duarte, y trasladar su cuerpo a una zona boscosa de Azua.

Al analizar estos escenarios desde la criminología clínica, emergen variables recurrentes que demuestran que estos crímenes no provienen de la delincuencia común, sino de severas crisis de salud mental o patologías conductuales dentro del entorno militar y policial:

• Pertenencia a Cuerpos castrenses o de seguridad: Las tres agresoras formaban parte de instituciones del Estado encargadas del orden público; García Cuello era médico del Ejército, la madre de Manoguayabo miembro de la Policía Nacional, y Figuereo Ramírez una sargento activa de la Fuerza Aérea.

• Historial de licencias médicas o anomalías conductuales:Las imputadas por filicidio se encontraban apartadas de sus funciones por condiciones de salud agudas. Por su parte, el homicidio de la suegra en Villa Riva devela un patrón de manipulación y premeditación (engaño sobre el supuesto accidente de un hijo) que expone una preocupante distorsión de la conducta afectiva y familiar.

• Inexistencia de antecedentes delictivos ordinarios:Ninguna de las mujeres registraba un perfil criminal previo en las calles. Eran ciudadanas integradas a sus respectivas instituciones y comunidades hasta el momento de la ruptura psicológica.

En términos estrictamente jurídicos, el Ministerio Público tiende a calificar provisionalmente estos actos bajo la rúbrica de homicidio con premeditación y acechanza (asesinato), fundamentado en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano. El órgano persecutor solicita de forma sistemática la medida de coerción de prisión preventiva (Art. 226, numeral 7 del Código Procesal Penal) para asegurar el proceso investigativo, tal como ocurre actualmente con la sargento Figuereo Ramírez.

Sin embargo, la dogmática penal choca con la realidad psiquiátrica a través de la figura de la inimputabilidad.

El Código Penal Dominicano consagra en su artículo 64 el principio de que no existe crimen ni delito cuando el imputado se encuentra en estado de demencia al momento de cometer el hecho. Cuando la defensa técnica logra demostrar mediante peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que existió una alteración morbosa de las facultades mentales que anuló la capacidad de comprender la ilicitud del acto, el procesado no puede ser objeto de una pena privativa de libertad común. Mientras que en el caso de la suegra la premeditación del engaño podría apuntar a una plena conciencia de los actos, en los casos de filicidio la abolición del juicio clínico suele ser el factor determinante.

La respuesta del aparato judicial dominicano ante la enajenación mental y los crímenes de alto impacto dentro de las familias de militares sigue siendo objeto de duras críticas. El sistema carece de suficientes centros penitenciarios psiquiátricos o de infraestructura adecuada para la aplicación de medidas de seguridad coercitivas que sustituyan a la prisión preventiva tradicional en cárceles ordinarias.

Tanto el filicidio en Manoguayabo como el homicidio de la suegra en Villa Riva confirman la urgencia de establecer protocolos de alerta temprana y evaluaciones psicológicasestrictas en las instituciones de seguridad del Estado. El estrés institucional, sumado a las patologías psiquiátricas no detectadas o mal evaluadas, convierte el entorno residencial familiar en una zona de alto riesgo que requiere un riguroso seguimiento clínico para salvaguardar la vida de los ciudadanos más vulnerables.