Autoridades electas y designadas no saben cuáles son sus funciones o el populismo los arropa
Por Francisco Morbán
Editorial.- La República Dominicana, un país conocido por sus hermosas playas, grandes talentos en el béisbol, destacados escritores, reinas de belleza y, sobre todo, por su gente amable, no tiene nada que envidiarle al resto del mundo.
Sin embargo, sí hay algo que podemos envidiar de otros países, el desempeño de sus autoridades. En nuestro país, desde el gobierno central hasta los gobiernos municipales, contamos con miles de funcionarios, algunos electos y otros designados por el Poder Ejecutivo.
Lo preocupante es que muchas de estas figuras públicas, que tienen la responsabilidad de ser veedores de la democracia y de contribuir al buen funcionamiento del Estado, están completamente desubicadas. Muchos, especialmente los electos, desconocen cuáles son sus funciones.
Los Estados funcionales cuentan con instituciones organizadas, y los funcionarios que las dirigen conocen al dedillo para qué fueron elegidos o designados. Procuran, además, cumplir con sus asignaciones conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.
En cambio, en la República Dominicana se da la peculiaridad de tener funcionarios que desconocen sus responsabilidades como servidores públicos. Por ello, ejecutan acciones que no les competen, alterando el orden institucional y la correcta organización del Estado.
El caso más reciente de esta violación e intromisión en funciones ajenas es el del alcalde del municipio de Dajabón, localidad fronteriza con Haití. Este funcionario ha estado deportando ciudadanos haitianos sin tener la facultad legal para hacerlo, ya que la institución responsable de esos procesos es la Dirección General de Migración.
La deportación de extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país, o que han cometido delitos graves, es una tarea exclusiva de Migración. Ninguna alcaldía tiene la competencia legal para regular el estatus migratorio de ciudadanos extranjeros.
Acciones irresponsables como las llevadas a cabo por la Alcaldía de Dajabón, encabezada por su máxima autoridad, pueden entorpecer el trabajo que viene realizando el organismo gubernamental encargado de la regularización y deportación de ciudadanos extranjeros indocumentados en la República Dominicana.
