Temor con excusa de seguridad nacional; El conveniente secreto militar que garantiza la impunidad en Defensa
por Hamlet Martinez Pensó
La reciente revelación de que gran parte de las municiones utilizadas por las bandas criminales que azotan a Haití provienen directamente de los arsenales del Estado dominicano representa una de las alarmas de seguridad nacional más graves de la historia reciente. Sin embargo, el verdadero peligro no solo radica en la porosidad de la frontera o en las redes de contrabando, sino en el silencio sepulcral y la parálisis operativa de las instituciones llamadas a fiscalizar, auditar e investigar al Ministerio de Defensa.
Este escenario pone de manifiesto un problema estructural profundo: el temor reverencial, la falta de valentía institucional y la vigencia de una narrativa de poder armado que sitúa a las altas esferas militares por encima de la ley y del escrutinio civil.
Durante décadas, las instituciones castrenses han construido y mantenido una narrativa de infalibilidad y patriotismo exclusivo. Bajo este relato, el Ministerio de Defensa y sus altos mandos se presentan como los guardianes últimos de la soberanía nacional, una categoría mística que supuestamente los exime de las dinámicas ordinarias de rendición de cuentas que rigen para cualquier otra entidad pública.
Esta narrativa opera como un chantaje simbólico: cuestionar, auditar o investigar a un alto mando militar suele ser tergiversado por los sectores ultraconservadores y por el propio estamento armado como un ataque a la seguridad nacional, una afrenta a la patria o un intento de debilitar las fronteras. Este blindaje ideológico infunde un temor sutil pero efectivo en el liderazgo político y civil, que prefiere evitar el conflicto con un poder que posee el monopolio de las armas.
La aparición de pertrechos militares dominicanos en manos de las pandillas haitianas debió activar de inmediato auditorías forenses rigurosas por parte de la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y líneas de investigación penal profunda por parte del Ministerio Público. Sin embargo, la respuesta suele ser la dilación, la creación de comisiones internas (donde los militares se investigan a sí mismos) o el desvío de la atención hacia chivos expiatorios de bajo rango.
Existe una flagrante falta de valentía en el cumplimiento del deber por parte de los órganos fiscalizadores del Estado. Este temor se fundamenta en varios factores:
• El peso político del uniforme: Los altos mandos militares manejan presupuestos multimillonarios y cuotas de poder territorial y político significativas. Investigarlos implica tocar una red de intereses que salpica la política partidaria.
• El acceso restringido por «Seguridad Nacional»: El estamento militar utiliza la clasificación de «secreto de Estado» o «asunto de seguridad nacional» como un escudo legal para denegar el acceso a libros de inventario, registros de compra de armamento y bitácoras de distribución de municiones. Las instituciones civiles carecen del coraje político para derribar este muro legal.
• El temor a las represalias: En democracias con instituciones aún en desarrollo, el poder de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas genera un efecto inhibitorio sobre los auditores y fiscales civiles, quienes temen por su seguridad, sus carreras o la estabilidad de sus cargos.
Cuando la Cámara de Cuentas o el Ministerio Público deciden que investigar los arsenales militares es «demasiado arriesgado», la democracia abdica de su principio fundamental: la subordinación del poder militar al poder civil.
Las consecuencias de esta cobardía institucional son devastadoras. En primer lugar, perpetúa la corrupción estructural dentro de las fuerzas de seguridad, permitiendo que facciones corruptas lucren con el tráfico de armas. En segundo lugar, convierte al Estado en cómplice involuntario (o por omisión) de la crisis humanitaria y de violencia que vive el país vecino, debilitando la postura diplomática de la nación ante la comunidad internacional.
El informe sobre las municiones dominicanas en Haití no puede quedar en el olvido como un escándalo mediático más. Es la prueba irrefutable de que el Ministerio de Defensa no puede seguir operando como un Estado dentro del Estado.
La verdadera valentía democrática consiste en entender que ninguna institución, por más armas que posea o por más patriótica que sea su retórica, está exenta de rendir cuentas. Si las instituciones llamadas a investigar no asumen su rol con independencia y coraje, la soberanía nacional no estará amenazada por fuerzas extranjeras, sino por la podredumbre interna que se tolera a la sombra del uniforme.
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