Tragedia en Guajimía: La hipótesis de la legítima defensa fallida frente al superior o compañero
Por: Harlemt Martinez Penso.
La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes no es solo la crónica de un disparo injustificado; es el reflejo de un quiebre institucional sistémico dentro de la Policía Nacional dominicana. El pasado viernes, en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, un joven de 19 años catalogado por su comunidad como honesto y trabajador perdió la vida de forma instantánea tras recibir un impacto de bala en el tórax.
¿Su único delito? Acercarse pacíficamente a un agente en servicio para reclamar sobre el arresto injustificado de su amigo, la respuesta del cabo José Francisco Moreta Heredia fue inmediata, letal y sin mediar palabras. Sin embargo, más allá de la brutalidad individual del homicida a quien el propio presidente de la República tildó públicamente de «animal», el foco de la indignación colectiva y del análisis jurídico debe centrarse en los demás integrantes de la patrulla policial. ¿Por qué cinco agentes entrenados y armados observaron la agresión desproporcionada sin mover un solo dedo para defender al ciudadano?
Desde la perspectiva del derecho y de los manuales de doctrina policial, la inacción de los agentes que acompañaban al cabo Moreta Heredia puede analizarse bajo la hipótesis de una legítima defensa fallida o inhibida. No se trata de que los policías debieran defenderse a sí mismos de una amenaza externa, sino de su obligación legal y constitucional de ejercer la legítima defensa de un tercero, en este caso, Darlin Mercado, ante una agresión flagrante, ilegítima y desproporcionada, incluso si dicha agresión provenía de un compañero de armas.
Esta defensa falló de manera absoluta debido a una combinación de factores estructurales que anulan el criterio ético del policía en el terreno:
• El espíritu de cuerpo malentendido: En las instituciones policiales de estructura militarizada, impera una malinterpretada «lealtad de camaradería» o código de silencio. Intervenir físicamente o apuntar con un arma a un compañero que comete un abuso es visto internamente como una traición al grupo, anteponiendo la complicidad corporativa por encima de la vida del ciudadano.
• La parálisis ante la desproporción brusca: El ataque del cabo fue tan repentino y fulminante que desarticuló cualquier capacidad de reacción táctica de los acompañantes. Al no existir un protocolo interiorizado para neutralizar a un «agente hostil» dentro de las propias filas, la mente de los oficiales optó por la inhibición, presenciando el homicidio en un estado de pasividad absoluta.
• Temor a las consecuencias jerárquicas y normativas:Dentro de la cultura institucional, un agente de menor rango o igual jerarquía teme que repeler la agresión de su compañero le acarree un sometimiento disciplinario, la pérdida del empleo o represalias físicas. La estructura premia la obediencia y la no interferencia mutua en los operativos cotidianos de seguridad ciudadana.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Policía Nacional (No. 590-16), la misión fundamental de todo agente es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Cuando un policía se convierte en un agresor letal contra un civil indefenso, pierde automáticamente la legitimidad de su autoridad, transformándose en un delincuente en flagrancia.
Al no contener al cabo Moreta Heredia, el resto de la patrulla incurrió en una omisión del deber de socorro y en una flagrante violación a sus principios de actuación. Su rol no debió ser el de meros espectadores del horror. El uso de la fuerza policial está estrictamente normado bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; ante la ruptura total de estos parámetros por parte del cabo actuante, los demás agentes tenían la obligación jurídica de neutralizarlo para salvar la vida de la víctima.
La suspensión inmediata de toda la patrulla por orden de la Dirección General de la Policía, sumada a la designación de un nuevo comandante en Santo Domingo Oeste, son pasos administrativos necesarios pero insuficientes si no se ataca la raíz del problema. La Reforma Policial impulsada por el Gobierno no puede limitarse a cambios de uniformes o charlas éticas superficiales.
Mientras los agentes en las calles sigan creyendo que su deber es proteger el uniforme antes que al ciudadano, y mientras la «legítima defensa de un tercero» se inhiba cuando el agresor lleva placa, la sociedad dominicana continuará desconfiando de sus autoridades. La justicia por la muerte de Darlin Mercado Reyes debe ser ejemplar, no solo sancionando al autor material del disparo por homicidio voluntario, sino penalizando la complicidad por omisión de una patrulla que olvidó su juramento más sagrado: proteger y servir.
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